Versión extendida:
La vivienda del periodista y director del medio de comunicación El Observador, Carlos Benítez, fue atacada con múltiples disparos de armas de fuego, aparentemente de grueso calibre. Benítez refirió estar seguro de que el ataque fue en represalias por las investigaciones periodísticas que su medio viene realizando sobre la llamada "mafia de los pagarés", un esquema criminal que involucra a jueces, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados que habrían estafado mediante demandas ejecutorias sobre pagarés cancelados o de contenido falso.
Semanas previas al ataque armado, el periodista Benítez recibió amenazas sistemáticas a través de perfiles falsos en redes sociales. Estas amenazas incluían referencias específicas a su domicilio y entorno familiar.
Benítez señaló que la agresión ocurrió justo pocos días antes de que la Fiscalía presentara requerimiento conclusivo en el caso de la “mafia de los pagarés”. Para el periodista, esto confirma que lo que buscaban con el ataque era justamente eso: callarlo y frenar las investigaciones que El Observador viene publicando sobre el tema.
El 30 de octubre de 2025, la fiscal Ruth Benítez encabezó un allanamiento en un taller mecánico ubicado en el centro de Asunción, lo que resultó en la detención de Luis Alberto Quintana Acosta. El procedimiento se realizó tras un trabajo de trazabilidad digital con apoyo de Meta Platforms, que permitió identificar el correo electrónico y el número telefónico vinculados a los perfiles desde los cuales se enviaban las amenazas. El hombre, quien tenía antecedentes por incumplimiento del deber legal alimentario y estaba bajo medidas alternativas a la prisión, fue imputado por los delitos de coacción y amenaza de hecho punible.
La jueza Cinthya Lovera autorizó el procedimiento que además permitió acceder a la aplicación Messenger, desde donde Quintana Acosta mantenía comunicación directa con la cuenta oficial de El Observador. El Ministerio Público imputó a Quintana Acosta y solicitó su prisión domiciliaria. Tras el ataque, el periodista recibió custodia policial.
El 21 de enero de 2026, una nueva fase de la investigación condujo a la detención de la abogada Zully Concepción Ortiz García y de Evelyn Librada Paredes, pareja de Luis Alberto Quintana Acosta. Las fiscalas Ruth Benítez, Irma Llano y Diana Gómez encabezaron allanamientos en tres locaciones: la vivienda de Ortíz; su estudio jurídico; y la casa de Paredes.
Según los datos de la investigación surgidos de la declaración indagatoria de Quintana Acosta en octubre de 2025, la hipótesis fiscal sostiene que la abogada Zully Ortiz habría utilizado a Evelyn Paredes, persona allegada al mecánico, para realizar las publicaciones amenazantes en redes sociales contra el periodista Carlos Benítez.
Cabe destacar que Zully Concepción Ortiz García ya se encontraba procesada desde el 7 de octubre de 2025 por el delito de estafa en el marco de la causa conocida como "mafia de los pagarés".
El 26 de enero de 2026, la Fiscalía allanó otro inmueble vinculado a la abogada Zully Ortiz en el barrio Roberto L. Petit de Asunción.
El 17 de marzo de 2026, el juez penal de Garantías José Agustín Delmás rechazó el incidente de nulidad planteado por la defensa de Ortiz, que sostenía que los hechos constituían delitos de acción privada. El magistrado consideró que existían suficientes elementos de sospecha para continuar con la investigación (A.I. N° 208).
El 7 de abril de 2026, el mismo juez ratificó la prisión preventiva de Evelin Librada Paredes Frutos y rechazó el pedido de medidas menos gravosas. Según la investigación, Paredes habría enviado los mensajes amenazantes desde el perfil de Facebook de su entonces pareja, Luis Alberto Quintana Acosta, con información suministrada por la abogada Ortiz. En abril, Quintana Acosta prestó declaración testifical y manifestó vivir bajo amenazas.
El 21 de julio de 2026, la fiscala Ruth Karina Benítez presentó acusación y solicitó la elevación a juicio oral y público contra Ortiz y Paredes por coacción y amenaza de hechos punibles. El 25 de julio, el juez Delmás confirmó la prisión preventiva de ambas para asegurar su presencia en la audiencia preliminar.
El 10 de agosto de 2026, en esa audiencia y por procedimiento abreviado con anuencia de la Fiscalía, ambas procesadas fueron condenadas a dos años de pena privativa de libertad, con suspensión a prueba de la ejecución de la condena. Quintana Acosta fue desvinculado y quedó como testigo, tras comprobarse que su usuario había sido utilizado sin su autorización. El caso constituye un precedente relevante, al haber concluido con la condena de las responsables de las amenazas contra un periodista por su labor informativa.
