Versión extendida:
Periodistas, cronistas, presentadoras y productoras quienes habrían sido víctimas de acoso sexual de parte del jefe de prensa de los medios Canal 9 SNT y C9N, Carlos Granada, hicieron públicos los hechos, generando así que aparecieran más casos similares en los mismos medios. Esta serie de acosos habría generado que varias de las trabajadoras renunciasen a lo largo de estos años.
De acuerdo con las denuncias, Granada convocaba a las víctimas para tratar temas laborales que aprovechaba para interiorizarse sobre las vulnerabilidades y necesidades de las mujeres que trabajaban bajo su autoridad. Tras esto, comenzaba a invadir su espacio personal, manosearlas y realizar pedidos de favores sexuales explícitos. Cuando no obtenía el cometido de sus acosos, ejercía abuso de poder cambiando de horarios y/o programas a las víctimas, no designándoles cobertura fija o no emitiendo sus notas.
Las agentes fiscales Claudia Aguilera, Luz Guerrero y Natalia Silva realizaron las investigaciones y solicitaron su detención por los hechos punibles de coacción, coacción sexual, violación y acoso sexual contra seis periodistas. Granada se mantuvo prófugo hasta que se entregó en noviembre de 2022 y fue remitido a la penitenciaría de Emboscada. En mayo de 2023 fue beneficiado con libertad ambulatoria.
El 20 de noviembre de 2023, el juez penal de Garantías Matías Garcete resolvió elevar el caso a juicio oral y público. El proceso judicial se extendió por seis meses, durante los cuales el Tribunal escuchó los testimonios de las seis denunciantes —cinco de ellas representadas por el abogado Rodrigo Yódice— además de una decena de mujeres que participaron como testigos.
El 26 de noviembre de 2025, el Tribunal de Sentencias integrado por las juezas Laura Ocampo, Cándida Fleitas y el magistrado Juan Pablo Mendoza condenó a Carlos Granada Fernández a diez años de prisión por los delitos de coacción, coacción sexual y acoso sexual. "El tribunal, en nombre de la república de Paraguay, considera justa la pena privativa de libertad de diez años, que revoca las medidas alternativas a la detención preventiva", afirmó la jueza Fleitas al dictar la sentencia.
La condena se sustentó en múltiples elementos probatorios que convergieron para reconstruir los hechos, incluyendo testimonios de las víctimas, informes victimológicos y pericias psicológicas. El abogado Rodrigo Yódice destacó que en las declaraciones de las denunciantes existía "coincidencia, convergencia y congruencia" que permitió demostrar con contundencia la sinceridad y credibilidad de los testimonios. El letrado calificó a Granada como un "depredador" que actuaba de forma "bien premeditada y planificada", seleccionando mujeres jóvenes con factores comunes de vulnerabilidad.
Granada, quien se encontraba presente en la audiencia, manifestó ser inocente y anunció que apelará la sentencia en instancias superiores. Pese a la condena, Granada argumentó que el proceso se basó solo en testimonios sin evidencia material como mensajes de WhatsApp, argumento que su abogado querellante calificó como prueba de "su estratagema criminal" y de un "mecanismo de cuidado" para evitar dejar rastros de sus actos.
A través de la Mesa para la Seguridad de Periodistas, el Ministerio de la Defensa Pública puso a disposición a la Defensora Especializada en Violencia contra la Mujer para acompañar a las víctimas durante todo el proceso judicial
