Versión extendida:
El periodista Aníbal Gómez Caballero, conductor de programas periodísticos en Radio América 94.9 FM de Pedro Juan Caballero, fue víctima de amenazas de muerte a través de mensajería WhatsApp durante agosto de 2025. La primera intimidación fue recibida el 15 de agosto a las 20:01 hora y el mensaje contenía amenazas explícitas contra su vida y la de su familia, advirtiéndole que dejara de informar sobre temas relacionados con crimen y política.
El texto amenazante mencionaba que si no se callaba, "nuestra organización se encargará" de sus nietos, hijos y demás familiares, advirtiendo que ni sus amigos, conocidos, parientes, la prensa ni quien lo protegía podrían salvarlo. Días después, el 18 de agosto de 2025, recibió nuevas amenazas desde distintos números telefónicos, lo que configuró un patrón sistemático de hostigamiento.
El comunicador presentó denuncia formal ante el Ministerio Público el 19 de agosto, señalando que en los últimos meses había tenido fuertes entredichos con políticos de la zona por denuncias sobre hechos de corrupción sobre los que venía informando. Aunque manifestó no poder identificar específicamente a posibles enemigos, el periodista reconoció que mantiene críticas constantes contra el diputado Santiago Benítez.
La Mesa para la Seguridad de Periodistas del Paraguay mantuvo contacto permanente con Gómez Caballero para brindarle apoyo en las gestiones de protección y acompañamiento en la denuncia formal.
El caso fue asumido por la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público, específicamente por la agente fiscal Zully Figueredo. Tras varios días de investigaciones, la Fiscalía llevó a cabo dos allanamientos. El procedimiento principal se realizó en una vivienda del Asentamiento San Miguel en Pedro Juan Caballero, donde fue detenido Saúl Humberto Ruiz Gauto, de 22 años, identificado como propietario de las líneas telefónicas desde las cuales se habrían emitido las amenazas contra el comunicador. El operativo contó con la participación de funcionarios del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, bajo el liderazgo del comisario Mario Vallejos.
Ruiz Gauto fue imputado por coacción grave y el 19 de septiembre de 2025 el juez de Garantías Álvaro Justo Rojas Almirón ordenó su prisión preventiva, siendo recluido en la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero. Con posterioridad, el imputado fue beneficiado con arresto domiciliario en sustitución de la prisión preventiva, y como parte del esquema de seguridad se dispuso custodia policial para el periodista.
En marzo de 2026 el proceso avanzó hacia la etapa pericial, orientada al análisis de los dos teléfonos celulares presuntamente utilizados para enviar los mensajes de amenaza. Una primera audiencia de toma de juramento del perito, fijada para mediados de mes, resultó fallida, ya que el profesional no compareció, alegando encontrarse de vacaciones, y solicitó prestar juramento en forma virtual, lo que fue rechazado por el juez Rojas en razón de que la entrega de los aparatos a peritar debe realizarse personalmente. El magistrado señaló que la suspensión se dispuso "para precautelar las garantías de las partes" y fijó nueva fecha. El defensor técnico del imputado, Abg. Ivo Lezcano, criticó la coordinación del juzgado en la diligencia. El comunicador, por su parte, lamentó la demora, reclamó firmeza a la Fiscalía para el esclarecimiento del hecho y sostuvo que el único procesado habría actuado por orden de un tercero, verdadero responsable de las amenazas, cuya identificación depende justamente del peritaje de las comunicaciones.
El 25 de marzo de 2026, el juramento de los peritos se concretó finalmente en el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, en Ita Enramada, con la presencia del juez de la causa —trasladado desde Pedro Juan Caballero— y la intervención de la agente fiscal de la Unidad de Derechos Humanos Reinalda Palacios. Fueron entregados para su análisis el teléfono del imputado y el de su pareja, con el objetivo de establecer con quiénes estuvo en contacto antes y después de lanzar las amenazas. Según informó el propio periodista, las amenazas de 2025 se produjeron en simultáneo contra Cinthia González, viuda del periodista asesinado Leo Veras. En las diligencias no se permitió la presencia de periodistas.
El 13 de julio de 2026, el juez Rojas informó públicamente el resultado de la pericia: el análisis de los celulares de Ruiz Gauto evidenció conversaciones mantenidas entre el imputado y el diputado Santiago Benítez, en algunas de las cuales se habla de una posible comercialización de armas de fuego y municiones. El magistrado precisó que "existe una conversación, pero, conforme a los detalles que este juzgado pudo verificar, no se relaciona directamente con la amenaza", y aclaró que compete al Ministerio Público determinar si el legislador por Amambay pasa a ser considerado sospechoso en la causa.
La víctima valoró el resultado de la pericia como la revelación de un secreto a voces y volvió a señalar al diputado como la persona que estaría detrás de la amenaza, reclamando al Ministerio Público que actúe con el mismo rigor que en otros casos de repercusión nacional y al Parlamento que asuma su responsabilidad institucional. El diputado Benítez, por su parte, negó haber amenazado al periodista y afirmó ser el principal interesado en el esclarecimiento del caso; sostuvo que el propio imputado le confesó haber enviado los mensajes amenazantes, aunque desconoce si lo hizo por orden de alguien o por cuenta propia, y explicó que las conversaciones sobre armas respondieron a una consulta para adquirir armas largas para sus custodios ante amenazas que él mismo recibía, compra que dijo nunca se concretó, exigiendo finalmente al Ministerio Público que profundice la investigación.
El Observatorio registra este caso en conexión con el de Cinthia González, quien denunció haber recibido amenazas de muerte en las mismas fechas y, según manifestó, desde el mismo número telefónico, causa que sin embargo no registra avances significativos ante la Unidad Penal N° 6 de Pedro Juan Caballero.
