Santiago Leguizamón

Al año siguiente del homicidio, en 1992, agentes de la Policía brasileña, del Grupo de Operaciones Especiales de la Frontera, al mando de Osmar de Camargo, presentó a los tres presuntos autores materiales del crimen, identificados como José Aparecido de Lima (alias Ze Lima), João Francisco Araulho (alias Tiro Certo) y Braz Vas de Moura. Ellos confesaron que fueron contratados por Luis Enrique Rodrigues Georges, alias Tulu, y Daniel Álvarez Georges, hijo y sobrino respectivamente de Fadh Yamil, quienes nunca fueron capturados. La justicia nunca desarrolló una investigación adecuada en busca de la verdad respecto del caso, los responsables intelectuales del asesinato de Santiago no fueron investigados, ni enjuiciados. La causa prescribe en 2021.

Ante este escenario de impunidad los familiares del periodista llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH), la que luego de revisar los antecedentes del caso concluyó, a través de su informe de fondo N° 196/2020, que el Estado paraguayo es responsable de no haber brindado protección a Leguizamón en el desempeño de sus tareas periodísticas y de haber permitido la impunidad en la causa.

Por todo ello, la CIDH sugirió al Estado paraguayo realizar una investigación exhaustiva del caso, así como implementar medidas efectivas que protejan a los periodistas en el ejercicio de sus labores, lo que implicaría fortalecer los programas de formación y capacitación que tengan como fin evitar los crímenes contra periodistas.

El 13 de febrero de 2021 la CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Procuraduría General de la República, en representación del Estado paraguayo, presentó en agosto de 2021 su allanamiento respecto de las violaciones de derechos indicadas en el Informe de Fondo de la CIDH y aceptó su responsabilidad respecto de la violación del derecho a la vida, el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y a la obligación de respetar los derechos, en perjuicio de Santiago Leguizamón Zaván, al igual que el derecho a una justa compensación de la señora Ana Morra, quien fuera esposa de Santiago Leguizamón Zaván, su hija e hijos.

El 16 de diciembre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Paraguay y estableció una serie de reparaciones y medidas de no repetición que deberá realizar el Estado. El fallo declara al Estado paraguayo como responsable de la violación de los derechos a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión contra Leguizamón, además de la violación de los derechos a las garantías judiciales y de protección judicial en perjuicio de la familia del periodista.