
02 Ago En juicio se define protección para periodista que sufrió coacción
Algo prácticamente inédito en Paraguay: un juicio en el que debe dirimirse si se castiga en forma efectiva o no la amenaza y el amedrentamiento sufrido por un periodista y la coacción para que dejara de publicar cierto tipo de informaciones. El jueves 3 de agosto estaría culminando en Villarrica del Espíritu Santo, Departamento del Guairá, el juicio oral y público impulsado en el marco de la denuncia que había formulado el periodits Pablo Gastón Ortíz contra el ciudadano español Alex Castro García por coacción y amenaza de muerte.
El juicio se inició el lunes 24 de julio pasado y para este este jueves se prevén los alegatos finales. El tribunal está conformado por los jueces Porfirio Martínez (presidente), Julio Alfonzo Vera y Víctor Ortigoza.
El periodista denunciante del hecho punible es jefe de Prensa de Canal 8 de Villarrica. En comentarios hechos a la prensa, Gastón sostuvo que espera una condena que se convierta en un precedente en contra de los ataques a la libertad de prensa.
Sin tener en cuenta los juicios sobre asesinatos a periodistas, este es el primer caso llevado a estrados judiciales en relación a un amedrentamiento que busca limitar la labor de un trabajador de prensa que llega a la instancia de juicio oral y público.De acuerdo a la acusación, en julio del año 2022, Gastón Ortiz fue amenazado de muerte en una entrevista presencial, en una cafetería céntrica de Villarrica. El español Álex Castro le pidió que deje de publicar en el canal de televisión por cable en donde trabaja temas relacionados sobre él de forma crítica. Y como el periodista se negó, lo amenazó, sostiene la Fiscalía.
Igualmente, los amedrentamientos siguieron a través de terceros, colegas del comunicador que le hacían llegar las amenazas contra su vida, contó la víctima en juicio. Y hasta se filtró un audio en donde se le escucha al español decir que pagó G. 7 millones para asesinar al periodista y a la fiscala que interinó inicialmente esta investigación, Sussy Riquelme.
Es que el ciudadano extranjero se presentó como un concejal del Ayuntamiento de Mollet del Vallès, en España, y como nexo de un grupo empresarial que supuestamente iba a donar G. 6.000 millones al municipio guaireño para reconstruir la Terminal de Ómnibus de la ciudad. Pero, de acuerdo a las publicaciones periodísticas de Gastón Ortiz, el hombre mintió porque no es concejal y, además, el comunicador cuestionaba que no haya presentado ninguna acreditación o documento relacionado con este supuesto grupo de empresarios o la donación. Se sospechaba de alguna estafa y meses después el español fue denunciado por estafa e imputado en una investigación abierta que está a cargo de la fiscala de Villarrica, Noelia Soto.
Para el Ministerio Público, la conducta se halla adecuada al tipo penal de coacción, ya que el periodista Gastón Ortiz, si bien cuenta con cobertura policial, decidió dejar de indagar y publicar sobre el ciudadano español por el temor a que él o su familia sean víctimas de un ataque, explicó la fiscala acusadora, Sonia Sanguinés.
La causa fue llevada adelanta por Fiscalía de Derechos Humanos de Asunción siguiendo el protocolo que había sido generado por dicha dependencia en el marco de las acciones consensuadas dentro de la Mesa de Protección a Periodistas, integrado por gremios de periodistas, Fiscalía, Poder Judicial, Policía y Ministerio del Interior.
Por este caso de Villarrica se desprendió una tercera causa a Álex Castro debido a la amenaza de muerte contra la fiscala Riquelme, a travès del audio filtrado. El fiscal Antisecuestros de Asunción, Federico Delfino, lo imputó por coacción grave y actualmente está con prisión preventiva, ordenada por el Juzgado.
(Fotos gentileza)