Nosotros

 

La Mesa para la Seguridad de Periodistas es una instancia de articulación entre el sector público y la sociedad civil en Paraguay. Fue creada a partir de la Carta de Intención suscripta en Asunción el 28 de noviembre de 2016 por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y la participación del Ministerio Público, en el marco de la promoción por parte de Unesco del denominado Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, que exhorta a los países miembros a adoptar estrategias y políticas para la atención de esta problemática.

 

En dicha carta se asumió la voluntad estatal de crear un mecanismo para promover estándares para la seguridad de periodistas basados en las “3 P” (prevención, protección y procuración de justicia) atendiendo los niveles de agresiones, ataques y crímenes contra trabajadores de la prensa y la comunicación social en la región y específicamente en Paraguay (país donde, según cifras manejadas por los gremios de periodistas, fueron asesinados 19 comunicadores desde 1991 hasta el 2020).

 

La creación e integración de la Mesa es una derivación de dichos compromisos, con el objetivo final de la creación de un mecanismo formal y legal para afrontar estos propósitos, incluyendo como parte de ello, la elaboración de protocolos de actuación para las fuerzas de seguridad, atención de casos de ataques o amenazas a los profesionales periodistas y la promoción de normativas adecuadas al efecto.

 

La Mesa es, sobre todo, un espacio de diálogo sobre la problemática de la seguridad de los periodistas en Paraguay y de articulación para la promoción de acciones conjuntas para enfocar, atender y contribuir al establecimiento de políticas públicas en la materia. Desde sus inicios, ha contado con el apoyo de Unesco a través de su Oficina Regional en Montevideo, y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

Integración de la Mesa

 

La Mesa cuenta con representantes de:

  • Ministerio del Interior,
  • Ministerio de Relaciones Exteriores,
  • Ministerio de Tecnologías de la Comunicación e Información,
  • Ministerio de Educación y Cultura,
  • Comisión de Cooperación Unesco Paraguay
  • Corte Suprema de Justicia,
  • Ministerio Público,
  • Sindicato de Periodistas del Paraguay,
  • Foro de Periodistas Paraguayos,
  • Asociación de Reporteros Gráficos del Paraguay.
  • Red Activa Paraguay – Red de Periodistas y Comunicadores,
  • Sociedad de Comunicadores del Paraguay

 

La Coordinación de la Mesa está a cargo del representante de la Corte Suprema de Justicia, José María Costa. La Mesa realiza reuniones periódicas a fin de dar seguimiento a los casos y atender los temas en agenda, asì como mantiene un sistema de enlace y alertas permanentes para activación de procedimientos de atención de denuncias y protección a periodistas.

 

Principales acciones desde la instalación de la Mesa

 

En el marco de estos objetivos, con motivo de la crisis política del 31 de marzo de 2017 en Asunción, (que llevaron a incidentes violentos y represiones policiales en Asunción en el marco de una protesta política y social contra el intento de incorporar en la Constitución de la República la figura de la reelección presidencial), la Mesa impulsó la recopilación de información y posterior denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos sobre las agresiones sufridas por 23 periodistas y reporteros gráficos. Esta denuncia está en proceso de investigación por parte del Ministerio Público y bajo monitoreo de la Mesa.

 

En este mismo marco, la Mesa promovió y acompañó la participación y presencia de gremios del periodismo (específicamente el Foro de Periodistas Paraguayos, FOPEP) en la Audiencia Pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada el 26 de mayo de 2017 en Buenos Aires, Argentina, donde se enfocó el tema de la protesta social del 31 de marzo en Asunción (Jornada del 31M). Allí, la organización FOPEP a través de su representante, Marta Escurra, presentó la denuncia sobre las agresiones sufridas por 23 periodistas y reporteros gráficos de medios de prensa nacionales en los sucesos mencionados.

 

Asimismo, como parte del propósito de sensibilización y capacitación, se organizó de manera conjunta con la Oficina Regional de UNESCO y la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, las Jornadas Conmemorativas del Día Mundial de la Libertad de Prensa, a nivel regional, con seminarios internacionales y otras actividades durante los días 3 al 5 de mayo del 2017. Magistrados, fiscales, funcionarios públicos, policías, ciudadanos participaron de estas actividades.

 

A través de la Mesa se impulsó también el proceso final para la aprobación, el 22 de junio de 2017, del Protocolo de Seguridad para Periodistas en situación de Alto Riesgo (Resolución 538 dela Comandancia de la Policía Nacional), el cual había sido estudiado en forma conjunta por el Sindicato de Periodistas del Paraguay y el Foro de Periodistas Paraguayos con los órganos de seguridad del Estado. El mismo contiene mecanismos y procedimientos para la actuación de las fuerzas policiales en casos de riesgo o amenazas contra los periodistas, así como recomendaciones para la actuación de éstos y de los representantes de entidades públicas para salvaguardar la seguridad de los comunicadores.

 

Entre el 28 y el 30 de noviembre de 2017, en el marco de las acciones conjuntas con UNESCO, la Mesa articuló un Curso de Formación de Formadores sobre  “LIBERTAD DE EXPRESIÓN, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y NUEVOS DESAFÍOS DIGITALES”, con la participación de unos 50 magistrados judiciales, fiscales, defensores públicos y docentes de escuelas judiciales. Esta iniciativa tuvo como organizadores a la Corte Suprema de Justicia (a través de su Centro Internacional de Estudios Judiciales), el Ministerio Público (a través de su Centro de Entrenamiento) y el Consejo de la Magistratura del Paraguay (a través de su Escuela Judicial).

 

La Mesa también tuvo intervención para atender las necesidades de seguridad del periodista Cándido Figueredo, ante los riesgos generados por la libertad ambulatoria judicialmente obtenida por un procesado acusado por supuestas vinculaciones al narcotráfico que había hecho una amenaza pública contra la integridad del mismo. El periodista obtuvo apoyo de su medio de comunicación para un traslado temporal de su zona de trabajo profesional.

 

En otro momento, la Mesa trabajó en conjunto para promover mecanismos de protección en cuanto a amenazas y ataques que sufrieron periodistas que realizan su trabajo en el interior del país, como fueron los casos de Manuel Gómez (en la ciudad de Alberdi), David Figueredo (en Pedro Juan Caballero) y Desirée Cabrera (en Caacupé), los cuales fueron analizados y atendidos en el marco de una actuación específica, con participación del Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, derivando en la inclusión de dos de los afectados en el sistema de protección de testigos implementado por la Ley 4083/2011.

 

Asimismo, los protocolos de actuación para la prevención fueron puestos a disposición de los periodistas de ABC Color que recibieron amenazas en el marco de las investigaciones realizadas en el caso de los “audios filtrados” referidos a supuestos hechos de tráfico de influencias en el sistema judicial.